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viernes, 15 de junio de 2012

CUANDO TIEMBLAN LOS DERECHOS: EXTRACTIVISMO Y CRIMINALIZACION EN AMERICA LATINA. Capitulo TRES. 4ta. parte

Recopilación y edición: Cecilia Chérrez; César Padilla; Sander Otten; Maria Rosa Yumbla; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, www.ocmal.org); ACCIÓN ECOLÓGICA (Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca; Quito – Ecuador, www.accionecologica.org)
Fotografías: Sander Otten; Juan Pablo Barragán
Con el apoyo de: Broederlijk Delen; Appleton Foundation; Entrepueblos – Entrepobles; Global Greengrants Fund
(Fecha original: Quito, Ecuador - Noviembre 2011

3. LA CRIMINALIZACION, UN FENOMENO REGIONAL 




3.4 CHILE
Chile ha sido uno de los países donde la ley antiterrorista ha sido ampliamente utilizada para enfrentar a los movimientos sociales más radicales. Si bien es cierto no se ha aplicado tanto a los conflictos socio ambientales producidos por la minería, ha sido usada en el caso de las resistencias mapuches y sus demandas por tierras y otros derechos en el sur del país. Esta grave situación ha trascendido las fronteras y se ha convertido incluso en preocupación para organismos internacionales de derechos humanos.
La ley antiterrorista es herencia de una de las dictaduras más sangrientas de la región y utilizada ampliamente por Pinochet –uno de los dictadores más repudiados de América Latina– contra todo intento de recuperación de derechos por parte de la población. Esta ley ha sido, casi sin modificaciones, aplicada ante conflictos entre el pueblo Mapuche y especialmente las empresas forestales.
Juicios express y testigos sin rostro han formado parte de los intentos del Estado para acallar y controlar el estallido de protesta y resistencia protagonizado por ese pueblo ancestral del austro continental. Los conflictos se han centrado en las demandas por tierras y contra los efectos de los monocultivos forestales, no obstante, se han manifestado de forma incipiente conflictos por concesiones mineras en la región de la Araucanía. Si bien es cierto que no se ha declarado zona minera el sur de Chile, lo más probable es que para que ello suceda solo es cuestión de esperar el tiempo suficiente.
Sabemos de la existencia de solicitudes de concesiones mineras en la región mapuche, muchas de ellas caducadas, otras aun vigentes, sin embargo el apetito por tierras raras y otros minerales menos conocidos puede hacer que en cualquier momento se comiencen a desarrollar actividades mineras de forma masiva en esos territorios. A pesar de las resistencias mapuches, los intereses económicos se sienten protegidos por un “estado de derecho” que criminaliza la protesta y usa la injusticia frente a la demanda de respeto a los derechos del pueblo Mapuche.
La respuesta de los presos Mapuche fue la realización de una huelga de hambre que duró 87 días y que culminó con acuerdos para retirar los cargos de terrorismo, no obstante la criminalización continúa frente a las protestas de las comunidades mapuche por tierras y derechos.(TeleSUR, 2011).
Donde sí se ha considerado la aplicación de la ley antiterrorista en conflictos mineros es en los conflictos laborales. Las injusticias laborales en la minería son extremas. A partir del sistema de subcontratación o tercerización, se genera un ejército de trabajadores y trabajadoras que realizan labores muchas veces más peligrosas, jornadas de trabajo más extremas, condiciones de salud laboral y derechos sociales vulnerados permanentemente y remuneraciones muy por debajo de las recibidas por los contratados de forma directa por las empresas mineras. Incluso la estatal Codelco tiene entre sus trabajadores más de un 60% de subcontratados.
Los conflictos que se han generado por demandas laborales y ejercicio de derechos ha llevado a enfrentamientos masivos entre trabajadores y fuerzas policiales. En estos casos el Estado ha insistido en la aplicación de la ley antiterrorista. Ha sido la fuerza de las organizaciones sindicales mineras la que ha logrado ir superando esta amenaza permanente.
No obstante el Estado chileno ha intentado aplicar esta ley en todos los casos donde el orden público ha sido alterado y las capacidades de control y manejo de los conflictos haya amenazado a las autoridades e intereses económicos nacionales o transnacionales.
Lo cierto en este ámbito es que el Estado de Chile se ha preocupado más por mantener el orden y la institucionalidad cuando se ha puesto en riesgo los intereses económicos de los inversionistas, en lugar de priorizar la defensa de los intereses de toda la población frente a la asociación ilegítima e inmoral de la industria minera transnacional dedicada al saqueo, al engaño y la defraudación del Estado. La muestra evidente está en la opinión de la población chilena que rechaza temas como el lucro en la educación y que eleva demandas relacionadas con el cambio de la Constitución política del Estado, promulgada por Pinochet en 1980 y reformada tímidamente por el socialista de mercado Ricardo Lagos. Esa población movilizada por demandas sociales con marchas y actos socio culturales que reúnen entre 500.000 y 1 millón de personas, reciben como respuesta del gobierno del derechista Piñera la amenaza de aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Las movilizaciones que se iniciaron con el rechazo a la construcción de represas en la Patagonia y que luego continuaron con demandas de los sectores estudiantiles y profesores ha desbordado la caja de herramientas para el manejo de conflictos de que dispone el actual gobierno de los empresarios.
La respuesta autoritaria de los políticos de derecha pone de manifiesto que las tendencias dictatoriales aún se encuentran enquistadas y muy vivas en el ADN de la clase política chilena. Ello forma la base para los actos de represión y criminalización de la protesta social como un intento de acallar y ocultar en lugar de resolver los principales problemas que vive la mayoría de la población chilena en la actualidad.
La huelga Mapuche 
La huelga de hambre iniciada por un grupo de 31 presos políticos Mapuche en diversas cárceles de Chile completó los primeros 40 días sin que las autoridades chilenas no den ninguna respuesta a un conjunto de reivindicaciones levantadas por los huelguistas y las organizaciones del pueblo Mapuche. Las demandas que ellos plantean a la autoridad son justas y legítimas: 1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura; 2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche; 3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso; 4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y 5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
Esta Ley Antiterrorista prevé la aplicación preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia más directa ha sido la estigmatización de los Mapuche como un pueblo violento. Los 87 días de huelga de hambre de los presos mapuche es la evidencia de la debilidad de los mecanismos democráticos del Estado chileno y de la presión de los sectores industriales forestales para que se mantenga la criminalización de la protesta como método de desarticulación de las organizaciones que mantienen sus demandas sociales, de territorio y cultura.
El caso bombas 
Varios atentados con explosivos a oficinas bancarias y otras instalaciones abrieron procesos de investigación que culminaron con una serie de detenidos en el marco del bullado “caso bombas”.
Sin embargo luego de un año de la presentación de cargos contra catorce personas la mayoría de las evidencias presentadas por el Ministerio Público han sido desestimados y “…
.casi la totalidad de los inculpados está en libertad con medidas cautelares al no comprobarse su supuesta participación en los actos terroristas. Los involucrados acusan al ministro del Interior de aprovechamiento del poder político para instrumentalizar al Ministerio Público....” (radio.udechile.cl) Ha sido la preparación más larga y con mayor número de pruebas presentadas desde que se instauró el nuevo sistema penal hace diez años, y el proceso ha demostrado, al cabo del tiempo, que los ocho meses que tuvieron que soportar los reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Santiago no estaban justificados.” Sin embargo, el Ministerio Público está empecinado y utiliza resquicios legales para anular el proceso de preparación del juicio oral, instancia en que de las 7 mil evidencias presentadas, más del 70 por ciento fueron desestimadas. El Ministerio Público incluso solicitó sanciones y medidas disciplinarias contra el juez que rechazó miles de pruebas.
Esto es lo que preocupa a los familiares y sobre lo que trabaja la defensa de los imputados, así lo indica Alejandra Morales, hermana de Pablo Morales, acusado como el líder de la supuesta asociación ilícita terrorista....” (radio.udechile.cl)
Todo indica que existen esfuerzos en Chile para mantener en plena vigencia las medidas judiciales que permiten manipular a la justicia para armar casos de la nada y así mostrar logros políticos que en nada se sustentan. Son las víctimas de estos montajes quienes sufren la persecución y el encarcelamiento; mantener estas estrategias es la mayor amenaza para los movimientos sociales que se ven enfrentados al uso de estos instrumentos para su criminalización.
 

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