Autoras/es: Silvio H. Coppola, Juan Ruiz de Galarreta, H. Giuliano, Eduardo Mariano Lualdi, Pino Solanas
Enviamos a nuestros compañeros y
amigos, nuevas notas y argumentaciones para enfrentar el doble discurso
y relato del gobierno sobre la verdadera situación de la deuda publica.
Nos queda pendiente analizar la "similitud" de la categoría de buitres y caranchos de nuestros cientos de miles de jubilados que reclaman cobrar lo que les corresponde, por los que han aportado por décadas, con los fondos buitres que amparados por la ley newyorkina (a la que este gobierno se ha sometido).
Nos queda pendiente analizar la "similitud" de la categoría de buitres y caranchos de nuestros cientos de miles de jubilados que reclaman cobrar lo que les corresponde, por los que han aportado por décadas, con los fondos buitres que amparados por la ley newyorkina (a la que este gobierno se ha sometido).
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PINO SOLANAS EN TV
LA VICTORIA DE LOS HOLDOUTS.[1]
Por Héctor GIULIANO (30.11.2012).
Como pasa con la mayoría de los hechos de actualidad, las
noticias van más rápido que la capacidad para interpretarlas o analizarlas.
Esto es particularmente cierto y aplicable en el problema
de los fallos que se han producido recientemente en Nueva York contra la
Argentina, a favor de los acreedores que no entraron en el Megacanje 2005-2010
(los holdouts).
La falta de acceso a los expedientes y la dependencia de
informaciones periodísticas y escuetos comunicados oficiales restringe
muchísimo las especulaciones al respecto, pero las novedades básicas permiten
sacar algunas conclusiones importantes.
LA
ESENCIA DEL FALLO GRIESA.
La gran mala noticia que recibió el gobierno Kirchner con
las decisiones del juez Griesa es que nuestro país pierde sus juicios en
Estados Unidos contra los holdouts porque la sentencia sienta jurisprudencia en
cuanto al pago total de los bonos reclamados – el 100 % del valor nominal – más
los intereses acumulados, costas y honorarios.
Con el agravante que en virtud de la cláusula del Acreedor
más favorecido – que fue incorporada por la actual administración en el
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 – nuestro país debiera hacer extensivo estas
mejoras a todos los bonistas que ya ingresaron en el canje.[2]
Como ya lo hemos explicado en trabajos anteriores, la suma
del pago total de los reclamos de los holdouts más la aplicación de esta cláusula
de “emparde” precipitarían un nuevo default de la Argentina.
Pero a los acreedores no les conviene que nuestro país
suspenda otra vez los pagos y que ello derive en una nueva etapa de crisis de
Deuda que pueda arrastrar a un replanteo de las negociaciones de
reestructuración.
Además, ni a los acreedores ni al gobierno le conviene la
toma de estado público que se está produciendo sobre las escandalosas
condiciones de indefensión jurídica y financiera firmadas por los gobiernos de
nuestro país – incluido el actual – lo que puede dar lugar a un mayor reclamo
interno de una necesaria auditoría de la Deuda.
Por este motivo, las decisiones en Nueva York se movieron
rápidamente para conjurar ese “peligro” cierto de default de un país como la
Argentina, que está pagando a ultranza. Y también para sacar el tema de la tapa
de los diarios.
Todo esto que ocurre, sin embargo - más allá del problema
de fondo de la trampa de una Deuda Pública perpetua – es en lo inmediato
producto de circunstancias conocidas y mal manejadas por la administración
Kirchner.
Como es sabido, después del default de fines de 2001 la
Argentina entró en cesación de pagos de los bonos de su deuda soberana hasta el
año 2005, en que llegó a un gran arreglo con la mayoría de los acreedores; una
reestructuración de deuda que luego fue ampliada en el 2010 con la suspensión de
la Ley Cerrojo 26.017, que inhibía la reapertura del canje.
Una parte minoritaria de los holdouts – que representan hoy
sólo el 7 % del total canjeado (11.200 MD[3] sumando
capital e intereses acumulados) – no aceptó el canje y algunos de estos
acreedores, fundamentalmente los llamados Fondos Buitre, empezaron a pleitear
contra nuestro país.
La estrategia jurídica seguida desde entonces por la
administración Kirchner – siempre con el asesoramiento y la representación
legal del estudio norteamericano Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton -
habría sido la de una sistemática dilación de tales demandas: nunca se
desconocieron ni pusieron en duda las obligaciones reclamadas, no se habrían
hecho contra-ofertas a los holdouts, no se efectuaron depósitos en consignación,
se sostuvo la argumentación pública desafiante de que según las condiciones del Prospecto – rubro
Factores de Riesgo - los títulos no presentados al canje “podrán permanecer
impagos indefinidamente”, no se dejó abierta la posibilidad de adhesión al canje
suspendiendo directamente la Ley Cerrojo y además, tanto la presidenta como el
ministro de economía hicieron imprudentes declaraciones en el sentido de no
pagar a los Fondos Buitre independientemente de las resoluciones del juez
Griesa.[4]
Como agravante, la administración Kirchner ha venido mostrando
récords de pago de servicios de la Deuda Pública, alardea de un alto nivel de
Reservas Brutas (que no se corresponde con el limitado nivel de Reservas Netas
y de Libre Disponibilidad), comenzó a jactarse cada vez más de la supuesta
Solvencia Fiscal para cumplir escrupulosamente sus compromisos financieros con
los acreedores (mientras tiene déficit presupuestario) y ha venido declarando
en forma expresa que acepta la legitimidad de todas sus obligaciones, pese a
que las irregularidades de origen han sido probadas por la justicia en la causa
Olmos I (que tuvo sentencia del juez Ballestero en el año 2000) y siguen siendo
todavía investigadas en tres causas judiciales en curso (Olmos II, Megacanje
2001 y responsabilidad de las administraciones de gobierno desde 1976 hasta la fecha, esto es, incluyendo
también a la actual).
Como una regla constante del gobierno Kirchner – caso Deuda
Pública, Inflación, Tipo de Cambio, Tasas de Interés, Pobreza/Indigencia, PBI,
Déficit Fiscal, Tarifas de Servicios Públicos, etc. - las autoridades niegan estas
realidades, no solucionan los verdaderos problemas de fondo y viven “pateándolos
para adelante”, como en el caso de los holdouts. Y así nos va.
En este contexto, la pérdida de los juicios externos en el
caso de estos holdouts era sólo una cuestión de tiempo; y ese tiempo parece que
se ha cumplido.[5]
LA
ORDEN DE PAGAR.
El juez Griesa dictó una sentencia por la que le reconoce a
los holdouts el derecho a cobrar la totalidad de sus acreencias al valor
nominal de los bonos reclamados, con intereses y costas a cargo de la
Argentina.
Esta resolución del juez fue apelada por nuestro país y la
Cámara de Apelaciones se la rechazó, ratificando la sentencia Griesa; y además
le pidió al juez que propusiera la forma de pago concreta a los acreedores.
Griesa falló entonces fijando que la Argentina tenía que
abonar la totalidad de la deuda reclamada por los Fondos Buitre – 1.330 MD más
sus adicionales – y que tenía que hacerlo antes del 15.12, fecha en que el
gobierno tiene que efectivizar también los pagos anuales por cupones ligados al
PBI (en este ejercicio, por unos 3.500 MD).
Más aún – en lo que sería una extralimitación del fallo -
Griesa prohibió el pago de estos cupones a los bonistas si la Argentina no les
pagaba a los holdouts, advirtió de ello al banco agente de pago (el Bank of New
York) y exigió el depósito en garantía como requisito para que la Argentina no
pudiese “evadir” el cumplimiento de sus obligaciones según lo dictado por el
juez.
Esta decisión judicial drástica – pago total a valor
nominal, al contado, con intereses y gastos – no sólo era un “mazazo” para el
gobierno sino que tomaba así, en la práctica, a los acreedores que ya entraron
en el Megacanje 2005-2010 como “rehenes”, en cuanto vedaba abonarles por
separado.
A raíz de esto, tanto estos bonistas que entraron en el
canje como la propia Reserva Federal de Nueva York, pidieron al juez y a la
Cámara que se les abone independientemente del litigio con los Fondos Buitre.
Y lo consiguieron: la Cámara – ante una nueva apelación
argentina - dictaminó entonces que se les pagara a todos, abonando los cupones de
los bonistas del Megacanje el día 15 y difiriendo los pagos del juicio perdido
ante los Fondos Buitre para fines de Febrero, con lo que se abre un tiempo de
espera de tres meses para la efectivización del fallo Griesa.
Es decir, que la Cámara “desdobló” las resoluciones del
juez Griesa, manteniendo el pago inmediato de los cupones PBI (el 15.12) y
posponiendo para el 27.2.2013 la reunión para el arreglo del pago a los
holdouts.
Este fallo, por lo tanto, no cambia la sentencia del juez
sino que sólo difiere la ejecución del pago.
Ni más ni menos que eso: los acreedores que ingresaron en
el Megacanje seguirán cobrando normalmente sus servicios de capital e
intereses, los holdouts – presentes (según este caso) y futuros (por aplicación
lógica de la jurisprudencia de ahora en más) – pasarán a cobrar al contado
todas sus acreencias así reconocidas (capital, intereses, penalidades, costas y
honorarios) y a la Argentina se le abre además el nuevo problema de la
aplicación de la cláusula del Acreedor más favorecido.
Se evitó, de esta manera, el riesgo de Default Técnico de
nuestro país, que hubiera supuesto un problema de cobro para todos los
acreedores y una alternativa de replanteo de los términos de negociación de la
Deuda; y se pasó entonces a la nueva etapa de resolución final sobre la forma
de pago a los holdouts.
Todos los acreedores y agentes involucrados ganan (incluido
el estudio Cleary, por sus honorarios) y la Argentina pierde, teniendo que
formalizar así el reconocimiento de tales deudas con los holdouts (que hasta
hoy no computaba oficialmente), abonársela con fondos que se restan al
presupuesto nacional y aumentando la Deuda Intra-Estado; y adicionalmente prepararse
para lidiar con la cláusula del acreedor más favorecido.
Oficialmente, sin embargo, la administración Kirchner
trata, como siempre, de presentar sus derrotas y/o concesiones como “victorias”
y de allí que se quiera aparentar que este desdoblamiento en el trato y en la
forma de pago constituirían un “logro” por haber conseguido un mínimo alivio en
el cronograma de pagos de la Deuda.
El gobierno Kirchner sigue protestando enfáticamente por su
“vocación pagadora”, recordando que es la administración que más ha pagado
deuda en la Historia Financiera Argentina y que lo ha hecho puntillosamente
desde el 2003 hasta la fecha, efectivizándola por diversas vías: a) a costa de
anteriores excedentes de presupuesto, b) a costa de la descapitalización del
Banco Central (BCRA) vía uso de reservas (reservas compradas con Deuda
cuasi-fiscal de Lebac/Nobac), c) a costa de la Inflación para suministrar
Adelantos Transitorios a la Tesorería para que ésta pague deuda, d) a costa del
sobre-endeudamiento con la ANSES por parte del Estado y difiriendo
sistemáticamente el pago de los juicios a los jubilados para poder destinar el
dinero al rescate de deuda, e) a costa del desvío de fondos destinados al
crédito productivo por parte del Banco Nación (BNA) pero que se prestan al
Estado con el mismo objetivo de comprar deuda, f) a costa de echar mano a
cuanta disponibilidad transitoria de Caja se encuentre en cualquier Agencia del
Estado (AFIP, Lotería, FFRE, PAMI, etc.) también para cubrir deuda y g) a costa
de seguir tomando más Deuda Pública neta, que crece a un ritmo de más de
11-12.000 MD por año mientras las autoridades engañan a la opinión pública
diciendo que el país se está “des-endeudando”.
Aquí existe, por eso, una gravísima y deliberada confusión:
LA ARGENTINA NO SE ENCUENTRA FRENTE AL RIESGO DE UN CIRCUNSTANCIAL DEFAULT
TÉCNICO POR ILIQUIDEZ SINO FRENTE A UNA CRISIS ESTRUCTURAL POR INSOLVENCIA.
El gobierno no ha demostrado ni demuestra cuál es la
capacidad de repago de la Argentina frente a su Deuda Pública impagable y sigue
apelando a estos paliativos para “estirar” la cuestión hacia adelante.
La administración Kirchner – como todas las anteriores –
vive engañando a la población diciendo que el problema de la Deuda Pública
estaría arreglado, que el país está cancelando deuda, que va a seguir pagando y
que puede hacerlo porque tiene los recursos para ello, pero esto es falso: la
totalidad de los vencimientos de capital se cancela con nuevas deudas, los
intereses se pagan con gasto público creciente que produce déficit fiscal, una
parte de los intereses se capitaliza por anatocismo, el oligopolio financiero
del Club de la Deuda[6]
sigue haciendo sus negocios de
colocación de bonos y préstamos; y además se toma más Deuda Pública (Directa,
para la Administración Central, e Indirecta, para los demás entes del Estado).
El país tiene que lidiar hoy con una nueva concentración
del perfil de vencimientos crecientes de Capital e Intereses en los próximos
años[7],
dentro de los que no se computa el problema de la Deuda Nacional en su conjunto
ni la existencia de Deuda no registrada.
Esto es: como más de la mitad de la Deuda Total del Estado
Central se encuentra en manos de Agencias del propio Estado (Deuda Intra-Sector
Público) y nunca se incluye la Deuda no Registrada (por capitalización de
intereses, indexación de deuda en pesos ajustada por inflación y pago de
cupones ligados al PBI) ni la Deuda Pública Nacional completa
(Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos
Fiduciarios, BCRA y Juicios contra el Estado con sentencia en firme) ni los
Intereses a devengar en el futuro, la esperanza del gobierno Kirchner parece
residir en patear indefinidamente sus compromisos Intra-Estado para adelante y
dejar que parte de la Deuda Interna se vaya licuando por Inflación o disminuyendo
con la muerte de jubilados/pensionados, pasándole así la carga financiera de la
Deuda Pública al Pueblo Argentino.
Pero la administración Kirchner – con la complicidad de la
gran mayoría de la partidocracia parlamentaria y el apoyo de los grandes medios
masivos de comunicación (oficialistas y opositores)[8] –
sigue repitiendo que las cosas están bien en materia de Deuda, que los gravísimos
problemas derivados de esta deuda impagable son “manejables” y que el problema
financiero insoluble de la deuda se soluciona con más Deuda, volviendo al
Mercado Internacional de Capitales.
¿Cuál es, empero, el costo de esta ficción?
EL
AJUSTE PARA PAGAR LA DEUDA.
El gobierno Kirchner está llevando adelante un Plan de
Ajuste Fiscal sin decirlo y este ajuste está subordinado esencialmente al pago
de los servicios de la Deuda Pública, que es el condicionante total y absoluto
de las Finanzas del Estado y de la Política Económica:
a)
El Presupuesto Nacional contempla cada vez más recursos
destinados a sufragar pagos crecientes de intereses y montos más elevados de
endeudamiento para cubrir la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento.
b)
El Gobierno Central sigue acaparando la gran mayoría de los
recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos (70 %), utilizando esta
concentración de fondos como forma de Centralismo Político en detrimento de un
verdadero Federalismo Fiscal y empujando con ello a las Provincias y Municipios
a un endeudamiento paralelo y también creciente.
c)
El BCRA ha sido puesto al servicio de proveer los fondos
para el pago de la Deuda Pública: i) en moneda extranjera de la Tesorería, vía
préstamos de divisas provenientes de las reservas internacionales, y ii) en moneda
local, vía emisión de dinero, para darlo como Adelantos Transitorios para que el
gobierno pague deuda en pesos. Y ello,
en cuanto a divisas, el BCRA lo hace a costa de su propio endeudamiento
cuasi-fiscal - tomando deuda al 15-16 % anual por Lebac/Nobac en pesos garantizadas
con operaciones de dólar a futuro – de modo que LAS RESERVAS SE COMPRAN CON
DEUDA.
d)
Las altas tasas de interés que paga el Estado a través del
BCRA determinan el piso de las tasas de mercado, las que presionan en sentido
recesivo; y paralelamente favorecen los mayores rendimientos del Sector
Financiero con respecto a la Economía en general.
e)
La Inflación Real va licuando la Deuda Pública Interna a
costa de la renta que pierden las propias Agencias del Estado que, como
agravante, no usan dinero propio sino que administran dinero que no es del Gobierno
(como los fondos de la ANSES y la Base
Monetaria del BCRA).
f)
Gran parte del financiamiento a la producción privada se
desvía al Gobierno Central para atender los pagos de la Deuda Pública, como
ocurre con un tercio de la cartera de créditos del Banco Nación (BNA).
g)
El gobierno mantiene un retraso cambiario relativo para
poder pagar más Deuda Externa.
h)
Este atraso cambiario estimula los negocios de los
capitales financieros por arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés.
i)
Este mismo retraso hace que la Deuda Externa Privada –
contraída mayoritariamente con empresas vinculadas o del mismo grupo – vaya
creciendo y que los servicios de tal endeudamiento resulten comparativamente
ventajosos para estos deudores privados; siendo que las divisas las tiene que
proveer el BCRA y al tipo de cambio oficial.
j)
El Gobierno Nacional, así como los Gobiernos Provinciales y
Municipales – aumentan la Presión Tributaria para poder pagar más servicios de
la Deuda Pública, con lo que se cumple LA REGLA QUE EL AUMENTO DE LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO “DEUDA” PROVOCA EL AUMENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO “IMPUESTOS”.
k)
Los planes de Inversión Pública en Obras e Infraestructura
tienden a acotarse y a financiarse con más Deuda Externa.
l)
Las Empresas del Estado – con YPF a la cabeza – y los Organismos Nacionales
toman cada vez más deuda y se multiplican los avales del Estado sobre la misma
(crecimiento de la Deuda Pública Indirecta).
m)
La ANSES ha sido puesta al servicio del financiamiento de
la Deuda del Estado siendo, junto con el BCRA, el primer prestamista del Tesoro
a costa de desfinanciar el Sistema Previsional, sacrificando parte de las
ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y no actualizando los
haberes jubilatorios al 82 % móvil.
n)
La política de diferimiento sistemático de juicios contra
la ANSES beneficia las disponibilidades del Estado a costa de la muerte de los
jubilados porque el Fisco se beneficia con una suerte de “solución biológica”
dada por el fallecimiento de los más viejos y la existencia de una mayoría de
pasivos sin reclamos judiciales.
o)
El gobierno no soluciona el problema de la Pobreza e
Indigencia sino que la subsidia a través de Planes Sociales y Clientelismo
Político, lo que representa votos que sostienen su caudal electoral.
El gobierno Kirchner concentra así su “gestión de endeudamiento”
pagando Deuda Externa en gran escala – a Organismos Multilaterales de Crédito
(Banco Mundial, BID y CAF) y especialmente a Acreedores Privados (vía uso de
Reservas del BCRA) – a costa de traspasar esas obligaciones como Deuda Interna;
y luego va licuando parte de esta deuda interna por vía de la inflación y/o por
desfinanciamiento de las Agencias del Estado; mientras aplica un Plan de Ajuste
Fiscal encubierto para poder sostener los servicios de la Deuda.[9]
EN
CONCLUSIÓN.
Nos encontramos nuevamente frente a un falseamiento de la
realidad en materia de Deuda Pública: los fallos de Nueva York han sido
adversos a la Argentina, los Fondos Buitres han logrado su propósito de obtener
el reconocimiento judicial de sus reclamos, el gobierno tiene ahora que empezar
a pagarles, toda renegociación futura con los holdouts va a estar condicionada
por este replanteo, se abre el problema de la aplicación de la Cláusula del
Acreedor más favorecido (incorporada por el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005)
y para poder seguir pagando la Deuda las Finanzas Públicas tienen que entrar en
una nueva etapa de Ajuste Fiscal.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 30.11.2012
Archivo: GIULIANO
ARTICULO 2012 11 30 HOLDOUTS GRIESA - 4.
NOTAS:
[1] Este trabajo es continuación de
otros tres escritos recientes del autor sobre el mismo tema:
a)
“Holdouts:
embargo de la fragata y fallo de Nueva York” (del 8.11.2012), donde se
demuestra la mayor importancia, gravedad y alcance de la sentencia de la Cámara
de Apelaciones de Nueva York en relación al sensible problema de la fragata
Libertad.
b)
“Holdouts
y Megacanje 2005” (del 16.11.2012), donde se ponen estos hechos en el contexto
del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna del año 2005-2010.
c)
“Holdouts:
la alternativa de un nuevo default” (del 24.11.2012), donde se plantea la
necesidad de un blanqueo de la insolvencia fiscal argentina precipitada por los
resultados adversos en los juicios de los Fondos Buitre.
Dentro
de este marco, el presente trabajo se circunscribe a evaluar el punto de
situación en que se encontraría hoy el gobierno argentino frente a la nueva
realidad de los fallos judiciales en su contra, la gravedad financiera
existente e irresuelta en materia de endeudamiento externo y sus efectos sobre
la Política Económica a través de un Ajuste Fiscal en curso.
[2] La cláusula del acreedor más
favorecido establece que si después del Megacanje el Gobierno Argentino
concediera condiciones más ventajosas a cualquiera de los holdouts, tales
beneficios serían extendidos automáticamente a la totalidad de los acreedores
que ya aceptaron la operación.
Esta
cláusula fue incorporada por el gobierno Kirchner con el Megacanje 2005.
Se ha
observado que la aplicación de esta cláusula puede ser discutible en el caso de
juicios perdidos por el Estado pero ello está por verse. De hecho, es muy
improbable que ningún acreedor lo intente.
Por
otra parte, parece difícil que pueda excluirse la contingencia legal como
causal de aplicación de este reclamo dado que, habiendo cerrado el gobierno las
posibilidades de arreglo a través de la Ley Cerrojo, no dejaba formalmente a
los holdouts otra vía que la judicial.
[3] Las siglas MD/M$ significan
Millones de Dólares/Pesos respectivamente y están expresadas siempre con
redondeo.
[4] Es importante recordar que los
Fondos Buitre no son sólo los que están pleiteando contra el gobierno
argentino: la mayoría ya entró en el Megacanje 2005-2010 e hizo su negocio a
través del clásico diferencial de precios por bonos-basura.
Este
tipo de operaciones, sin embargo, no se puede probar porque los datos e
informaciones del megacanje son secretos, es decir, porque las autoridades no
permiten el acceso a los mismos (habeas data).
[5] Queda un interrogante en cuanto al
momento u oportunidad en que se producen estas decisiones del juez Griesa y de la
Cámara de Apelaciones de Nueva York, paralelamente a la capacidad de lobby del
fondo Singer y entidades conexas (fundamentalmente el ATFA, grupo de holdouts
de los Estados Unidos que dirige el ex funcionario de la administración Clinton,
Robert Shapiro); pero esto corresponde ya a un plano de interpretación política
cuyas consideraciones escapan al análisis del presente trabajo.
[6] La expresión “Club de la Deuda” fue
utilizada muy acertadamente hace años por el Dr. Eduardo Conesa para referirse
al conjunto de entidades que operan y hacen sus extraordinarias ganancias en
función de los negociados de la Deuda Pública: bonistas, fondos de inversión
(entre los cuales, “fondos buitre”), consultorías financieras, estudios
jurídicos, bancos agentes y colocadores, agencias calificadoras de riesgo e
incluso organismos financieros internacionales que actúan como supuestos
auditores de las operaciones y de la evolución del endeudamiento público. Son
parte del “submundo” (aunque él no usó esta palabra) que vive a costa de los
Países Deudores.
[7] Según el Presupuesto aprobado por
el Congreso para el 2013, los vencimientos de Capital son de 36.500 MD en el
año que viene, 42.100 MD en 2014 y 49.100 MD en 2015.
Paralelamente,
los Gastos Corrientes por pago de Intereses, que son de unos 10.000 MD este
año, pasan a 10.800 MD en 2013, 15.500 MD en 2014 y 18.600 MD en 2015.
[8] Un reciente editorial del diario La
Nación – del 29.11 – sobre “La cuestión moral en el manejo de la deuda”, aunque
con fuerte planteo crítico y palabras propias, viene a coincidir en el fondo
con los lineamientos fácticos seguidos por el gobierno: el texto resalta la
importancia de aceptar y “honrar” las deudas independientemente del origen
ilegítimo, irregular y fraudulento de las mismas – como es el caso de nuestro
país - recuerda elogiosamente las célebres palabras del presidente Avellaneda
acerca del pago a costa del “hambre y la sed” del pueblo argentino, reproduce
una vez más la distorsionada imagen de atribuir el apoyo legislativo al default
reconocido por el presidente Rodríguez Saá en el 2001 asociándolo a una
supuesta “deshonra” en lugar de ponderarlo como una reacción contra la
Corrupción ínsita del Sistema de la Deuda, acota equívocamente el problema
financiero de la misma sólo a las altas tasas de interés (cuyo nivel
justifica), censura el supuesto “maltrato” a los acreedores (a los que incluso
sugiere pedirles “perdón”) y concluye –
en línea con el punto de vista de los Acreedores del Estado Argentino – en la
necesidad de seguir pagando por razones “morales” omitiendo toda referencia a las
investigaciones en curso de la justicia argentina: las citadas causas Olmos I –
con sentencia del juez federal Ballestero del año 2000 – Olmos II, Megacanje
2001 y Responsabilidad de los funcionarios superiores de todos los gobiernos
involucrados en la corrupción institucional argentina del Sistema de la Deuda.
[9] El fin de los Superávits gemelos –
Fiscal y Externo - compromete cada vez más seriamente las cuentas públicas y es
el detonante de los actuales problemas de Caja del Gobierno: el Estado Central
ya no tiene superávit sino déficit fiscal creciente y su Balanza de Pagos está
neutralizada porque el excedente positivo de la Balanza Comercial se compensa
con los pagos de servicios económicos y financieros, particularmente con los
giros de Intereses y de Utilidades al Exterior.
¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?
SILVIO H. COPPOLA
Perplejidad
en el gobierno, por el fallo de la justicia federal de Estados Unidos,
que condena a nuestro país al pago de 1.330 millones de dólares, ante el
reclamo de uno de los llamados fondos buitre, por títulos o bonos que no entraran en los acuerdos con
sus tenedores, en los canjes de 2005 y 2010. En realidad, se podría
decir que era un fallo esperado y que como título ejecutivo, iba a
prosperar por el 100% de su monto nominal. Los únicos que parecían no
saberlo, aparte de los abogados intervinientes en todo el trámite, de
varios años, era el elenco kichnerista. Que también había contribuido al
mismo con sus declaraciones impolíticas, de alardes innecesarios y
desubicados, que ahora se están lamentando. El caso es que dicho pago,
según el juez interviniente, deberá ser hecho el 15 de diciembre o antes
de esa fecha, en que se pagaría lo convenido a los acreedores que sí
aceptaron los anteriores canjes. Así que el dilema es claro, si se paga o
si se logra una postergación, todo lo declamado hasta ahora por el
gobierno es demagogia barata, con resultado caro y si no se paga, caemos
nuevamente en el temido default o cesación de pagos. Con
el agravante en caso de que se disponga pagar de alguna manera, que
pueden posicionarse con otras exigencias los antiguos acreedores. Y
claro, con el dilema de cómo el gobierno va a adobar la píldora y desde
luego, con qué dinero se harían los pagos y de dónde se procurarían. Lo
que lleva además a poner a la luz del sol, toda la falacia declamada
con que nos estamos desendeudando.
Como
dando pié a otra decisión de la justicia norteamericana, el ministro de
Economía Hernán Lorenzino, se apresura a hacer saber “. . .que la
propuesta de Griesa es contraria al sentido común y las leyes
argentinas y que una propuesta similar al canje de 2010 iría en línea
con los antecedentes jurídicos de nuestro país y sería pasible de ser
debatido en el Congreso”. O sea, ya nos estamos apresurando a
aceptar cualquier tabla de salvación, venga de donde viniese. Como el
pedido de la señora presidente, de que en la próxima reunión de la Unasur se debata este tema y los similares que se refieran a la deuda externa, donde seguramente se le prestará muy poco apoyo.
En
consonancia con las manifestaciones citadas en el apartado precedente,
los abogados bien pagos que representan a la Argentina en Nueva York, se
presentaron ayer ante la Cámara de Apelaciones, para que ordene la
suspensión de la medida del juez de primera instancia que ordenara el
pago de referencia. Según se deduce, este habría entendido que su
resolución era inapelable, como interín lo sigue siendo y de ahí la
presentación directa ante la segunda instancia. Los argumentos que se
expusieron fueron: 1) Que la medida cuestionada en nula, pues el juez no tendría competencia para suspender la medida de no innovar que
regía el procedimiento. Es un argumento ridículo, por lo cual va a ser
rechazado, pues es precisamente el juez quien dirige dicho procedimiento
en su instancia. 2) Piden que se mantenga en consecuencia dicha medida,
hasta la sentencia natural de apelación ante dicho tribunal. Por lo
mismo de lo anterior, no puede menos de ser también rechazada.
3) Alegan que la fórmula propuesta por Griesa para el pago, es de “inequidad manifiesta” para “llevar a la práctica la cláusula de pari passu” (igualdad
entre todos los acreedores del mismo grado). Si bien esto suena como
correcto, no hay que olvidarse de que se le dieron varias oportunidades a
nuestro país, para presentar propuestas al respecto, cosa que no se
hizo. Y en consecuencia, si el tribunal acepta la presentación, circunstancia que no es segura procesalmente,
por cuanto la resolución de Griesa entiendo que tiene carácter de
inapelable, una resolución eventual que se dicte, seguramente se basará
en esto para rechazar tal argumento. 4) En consecuencia alegan los
abogados, como dándole una salida al tema, de acuerdo incluso con
palabras de nuestro ministro, que el juez tendría que haber obrado de otra manera, disponiendo una especie de pago a prorrata con los actores y la oferta de 2010, lo que así podría llegar a debatirse por el Congreso argentino. O
sea, con la soga al cuello nuestro país y casi tapados por el agua de
la orden de pagar, todavía los abogados tienen tiempo de decir cómo
tiene que actuar el juez y en su caso, claro, como debe de actuar la
Corte de Apelaciones. Con argumentos tales, en un caso que desde el
punto de vista procesal estaría precluído en primera instancia, no es de
esperar en ningún caso, un resultado favorable.
Así
las cosas, el resultado final queda abierto y es hora de historiar la
deuda en su totalidad, deslindar responsabilidades y determinar
fehacientemente su parte legítima y su parte que no lo es. Y quizás sea
momento de dejar un precedente a nivel internacional, llegando a aplicar
para nuestro país, las normas de derecho privado, en lo que hace a los
concursos y a las quiebras, en especial en lo que se refiere a la
verificación de la totalidad de los créditos y a la suspensión de
intereses desde la fecha de la cesación de pagos.
LA PLATA, octubre 28 de 2012.
SILVIO H. COPPOLA
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Opinan los lectores
Diario El Dia De La Plata (30-11-12)
Deuda externa
Juan Ruiz de Galarreta
señala: “El periodista Lanata ofreció a la ciudadanía por primera vez
un real situación de nuestra deuda pública. Partió de cuestionar la
legitimidad por haber sido constituida por un gobierno de facto en 1976 y
abonada por todos los gobiernos constitucionales posteriores sin
proceder a una auditoría tendiente a determinar fehacientemente quiénes
eran los acreedores, cuánto y por qué se debía, con excepción del breve
período presidencial del Dr. Rodríguez Saa. Denunció que la deuda
ascendía actualmente a 178.000 millones de dólares, lo cual representaba
de intereses un pago de 312 millones de dólares por segundo. El
cumplimiento de la misma, en muchos casos acudiendo a fondos del Banco
Central y del Anses, provoca, entre otros problemas, la ausencia de
dinero para la educación, salud, vivienda y fundamentalmente la
imposibilidad de cumplir con el pago del 82% a los jubilados,
descapitalización del Tesoro Nacional y la emisión monetaria
descontrolada y con ello la inflación que corroe los salarios populares.
Todo esto reafirma nuestra posición como miembros del Foro Argentino de
la Deuda Externa desde hace ya doce años.”
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PARTE II
Deuda externa vs. independencia nacional
por Eduardo Mariano Lualdi
Producida
la detención de nuestra Fragata ARA Libertad por pedido de un fondo
buitre, la presidente de la Nación y el ministro de Economía sostuvieron
que no se le pagaría un peso a esos fondos. Esta proclama fue correcta.
Sin
embargo, cuando el fallo del Juez Griesa, circuló rápidamente la
información de que el gobierno estaría dispuesto a reabrir el canje de
bonos como muestra de su voluntad negociadora y pagadora. Esta posición
va en el sentido contrario de la primera declaración del gobierno
nacional y de la posición de la Dra. Fernández de Kirchner criticando el
carácter colonial de la medida de la justicia de EE.UU.
El
pago de la deuda ilegítima, fraudulenta, usuraria y odiosa es uno de
los hechos que revelan la verdadera política de actual gobierno,
revestida de la mentira del “desendeudamiento”.
Es
notable el peso que le da la presidente a esta cuestión en sus
discursos: “Él decía que los muertos no pagan, que había que vivir, que
había que poder producir y trabajar y crear para poder pagar”
(presidencia.gob.ar/discursos – 20/05/2012).
“Nosotros
desendeudamos al país como nadie habiendo recibido un país defaulteado y
la mayor deuda soberana defaulteada de todo el mundo, en ese marco
somos los que más desendeudamos” (presidencia.gob.ar/discursos/4089).
Para
efectivizar esos pagos de deuda externa el gobierno de los Drs.
Kirchner recurrieron al uso de las reservas del Banco Central, Anses,
PAMI, etc., pero los datos publicados por el Banco Central de la
República argentina demuestran que, lejos de “desendeudarnos”, pagamos
cada vez más y la deuda sigue creciendo.
Datos publicados por el Banco Central de la República Argentina
Deuda reconocida al 31/12/2005 = $128.630 (en millones de dólares)
Deuda reconocida al 31/12/2011 = $178.963 (en millones de dólares)
Deuda remanente al 31/12/2005 = $23.556 (en millones de dólares)
Deuda remanente al 31/12/2012 = $11.177 (en millones de dólares)
Deuda externa Banco Central al 31/12/2011 = 5.000 (en millones de dólares)
Total = (al 31/12/2005) 152.186 (en millones de dólares)
(al 31/12/2011) 195.140 (en millones de dólares)
Pino en Palabras (+ -) sobre Deuda Externa e Isla Demarchi (27-11-12)
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PINO SOLANAS EN TV
(Ver video adjunto)
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