La educación como negocio

Autoras/es: Adriana Puiggrós* 

Compartimos la nota de opinión "La educación como negocio" de la Dra. Adriana Puiggrós* sobre la participación del presidente Mauricio Macri en Foro Económico Mundial de Davos 2016. 

(Fecha original del artículo: Febrero 2016)

El telón se corrió dejando en escena la verdadera concepción político- educativa del gobierno. Cierto es que trató de disimularla corrigiendo el 20 de enero el DNU que había firmado el 10 de diciembre. El decreto del 10 de diciembre establecía una nueva Ley de Ministerios basada en la Ley Federal de Educación, el Pacto Federal Educativo, las “políticas compensatorias” y el conjunto de la estrategia educativa menemista, un festival neoliberal. En el primer DNU no había referencia alguna a la vigente Ley de Educación Nacional (26.206/06), ni a la Ley de Financiamiento Educativo (26075/05), la Ley de Educación Técnica y Formación Profesional (26058/05), la Ley Modificatoria de la Ley de Enseñanza Superior (27204/15) ni a las numerosas leyes y otras normativas dictadas durante los gobiernos kirchneristas en los últimos doce años.

Un DNU de enmienda fue dictado ante la reacción inmediata de los gremios docentes. El diseño del Ministerio de Educación y Deportes del primer DNU, había sido expuesto imprudentemente al calor del triunfo. Nos retrotraía- como tantas otras medidas del gobierno de Cambiemos- a más de una década atrás. Con la modificación sufrió algunos borrones y quedó presentable. Pero la escena montada duró poco tiempo. Días después Macri viajó a Davos. Entre las selectas entrevistas que mantuvo tuvo tiempo para recibir a Sunny Varkey, fundador de Gems Education Management Systems (GEMS), una empresa transnacional de escuelas y asesoramientos educativos de diverso tipo, que se extiende a más de 40 países. Fue una reunión de negocios, en la cual convinieron que la transnacional vendría a la Argentina con las finalidades de instalar su red escolar, sus servicios de asesorías y programas de capacitación docente, entre otras ofertas, como lo hace ya en más de 70 países. La jerarquía que el gobierno otorga a la inversión extranjera en educación pública y privada no es menor, dado que se ocupa de ello el propio Presidente de la Nación. Funcionarios de menor jerarquía pero con nuevas responsabilidades de gestión hacen también gestos en el mismo sentido. Puede encontrarse en Internet (http://youtu.be/tAG22- aLUvo9) un video en el cual Mercedes Miguel, la nueva Secretaria de Igualdad y Equidad del Ministerio de Educación y Deportes informa su vinculación con la transnacional Teach for America, y con su “CEO”, Wendy Koop. La funcionaria está experimentando las estrategias propuestas por Koop para lograr mayor equidad y piensa aplicarlas en su gestión; dice también que sus lecturas, además de los libros de Koop, son acerca de economía de la educación en “líneas muy liberales, muy ortodoxas”.

Veamos el fondo de la cuestión. La política educativa y la pedagogía han sufrido cambios enormes durante la expansión del capitalismo salvaje. Conviene recordar que el liberalismo de finales del Siglo XIX y principios del XX que fundó el sistema escolar se ubicaba del lado opuesto a las actuales ideas neoliberales: impuso el papel principal del Estado y la subsidiaridad de la educación privada, la obligatoriedad, la gratuidad y cierto grado de neutralidad religiosa. Pero el contenido de la discusión sobre pública y/o privada que

atravesó la historia de la educación argentina pertenece a otra época. Lo que ocurre desde hace pocas décadas es mucho más grave, agresivo y difícil de solucionar. Nunca, en toda la historia de Occidente, la educación había definida como un bien transable, tal como lo ha hecho la OCDE. Uno de los primeros antecedentes está contenido en el Apartado IV del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio que introduce la recomendación de emprender una liberalización progresiva de la educación mediante sucesivas rondas de negociaciones. La OMC incorporó a la educación superior en la lista de bienes transables y puso como plazo el 1º. de enero de 2005 para que los países ratificaran o denunciaran el acuerdo. La Argentina, siendo presidente Néstor Kirchner y Ministro de Educación Daniel Filmus, acordó con Brasil denunciar el tratado. A lo largo de la última década hubo numerosos congresos internacionales y en particular iberoamericanos en los cuales las autoridades de miles de universidades pronunciaron tibiamente su preocupación por aquella política, a la vez que muchos de esos encuentros son espacios  para concertar negocios y contratar servicios entre universidades públicas y privadas y empresas.

Muchos de esos encuentros “amistosos” son financiados por grandes corporaciones. En particular muchas entidades financieras han descubierto a la educación como un mercado donde se juegan miles de millones de dólares y cuya “clientela” es infinita y cautiva. Si en las décadas de 1980 y 1990 denigraban al Estado por ineficiente y no redituable, últimamente comprendieron que la asociación con el organismo público les permite adjudicarle gastos y absorber ganancias. No por ello dejaron se sentir desprecio por la burocracia estatal, al punto de reemplazarla por los “CEO´s” de sus compañías, como es el caso del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. Los mejores negocios se hacen desde un Estado administrado por intereses corporativos, alentador de la penetración de capital transnacional en todos los rubros, incluida muy especialmente la educación. Extensas redes de escuelas privadas se instalan en Brasil, Colombia o Filipinas como si fueran sucursales  de Mcdonald. Hay nuevas asociaciones mercantiles entre lo público y lo privado que, como ocurre en Chile, son difíciles de desenredar. Por ejemplo, la tercerización de servicios en establecimientos estatales, de modo que el gobierno del PRO puede hacer publicidad de la educación pública y avanzar en la tercerización de manera tal que de lo estatal solo quede la cáscara. Ese es el objetivo, que no se ha alcanzado aún en la educación obligatoria porque los gremios docentes constituyen un dique, que ya ha sido rebasado en el caso de las universidades públicas latinoamericanas por bancos que manejan las cuentas sueldo, los campus informáticos, la capacitación docente, postgrados, entre otros aspectos de la vida universitaria. El Banco Santander es una potencia en materia de educación universitaria pública y privada en Iberoamérica. Como profesores e investigadores de la UBA, sepamos que nuestros salarios son administrados por esa corporación, así como que otras universidades públicas establecieron convenios semejantes con numerosos bancos privados. Las ofertas son múltiples, canjeando casi siempre la entrada al ámbito escolar o  universitario por un puñado de becas para “alumnos meritorios” o algún premio a

producciones de los estudiantes, tal como hacen el Banco Francés y el Itaú. Google y Microsoft son ya presencias comerciales importantes en el interior de las casa de altos estudios. Como es obvio, su influencia no es tan solo en algunas cuantas transacciones comerciales sino en grandes negocios cuya estabilidad requiere consolidar el individualismo, el pragmatismo neoliberal y el descompromiso de causas de bien público o sociales por parte de funcionarios, docentes y alumnos. El panorama se vuelve mucho más complejo introduciendo los efectos de la colonización monopólica de territorios de la cultura que encabezan Amazon+Google+Microsoft+IBM+algunas otras poderosas empresas y la hiper concentración de los medios de comunicación.

En mayo de 2004, el presidente Néstor Kirchner emitió un decreto habilitando a las universidades como consultoras privilegiadas del Estado. En el discurso que pronunció en la Casa de Gobierno ante autoridades universitarias, Kirchner destacó el “rol central de las universidades en la construcción del proyecto estratégico que necesita la Argentina” y en la definición de “un pensamiento y un proyecto nacional que contenga a todos”. Agregó que “deben convertirse en la columna vertebral de la consolidación del conocimiento argentino”. Desde entonces la actividad productiva de las universidades y centros de investigación ha sido enorme y se ha reflejado en compromisos concretos con las políticas de desarrollo y con el derecho universal a la educación. La fundación de 15 nuevas universidades situadas en zonas habitadas por trabajadores ha sido un éxito tanto por la inscripción de decenas de miles de jóvenes, como por la calidad que muchas de ellas están alcanzando y sus niveles de inserción en la problemática social, cultural y laboral de su entorno. ¿Qué ocurrirá con ellas en el gobierno de Cambiemos? El Decreto 336/16 es un primer avance sobre la autonomía y la autarquía que establece la Constitución Nacional vigente desde 1994 en su Artículo 75, inc. 19. El mencionado decreto se fundamenta en las normas que regulan las formas de contratación del empleo público, de administración financiera y control del sector público para cortar, a partir del 1º.de abril de 2016 los convenios celebrados entre la Administración Pública y las universidades nacionales, provinciales o privadas “u otras instituciones de enseñanza pública ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas cuya continuidad no haya sido expresamente  solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los Señores Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados”. En manos de estos últimos funcionarios queda ahora cumplir con la prioridad de las universidades como consultoras del Estado o avanzar en los acuerdos con corporaciones ávidas del espacio universitario como mercado. La reunión de Macri en Davos no es alentadora.

*Profesora consulta FFyL, UBA

Adriana Puiggrós es doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Master en Ciencias. Es investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y profesora titular de Historia de la Educación en la Facultad. Es autora de una prolífica obra (catorce libros, y es coautora de más de treinta) sobre historia de la Educación y políticas educativas.